El alcalde de Fitero, Miguel Aguirre, y la directora del Colegio Público Juan de Palafox, Irene Benito, han comparecido en el Parlamento de Navarra para solicitar la dotación de ayudas estables y suficientes que permitan atender adecuadamente las necesidades del alumnado, que en un 72% es de origen magrebí y presenta, en muchos casos, un bajo índice socioeconómico y cultural.
Ambos representantes expusieron sus preocupaciones en una sesión de trabajo de la Comisión de Educación, convocada a petición de UPN.
Aguirre destacó la creciente inquietud entre los padres del colegio, donde más del 73% del alumnado es magrebí y el porcentaje de familias migrantes aumenta un 2% cada año. Esta situación, según Benito, está afectando negativamente al nivel educativo de los estudiantes.
Un estudio de la Universidad de Navarra reveló que el porcentaje de retraso lector entre el alumnado oscila entre el 62,5% y el 76% en distintas promociones, lo que implica que en algunas clases más de la mitad de los estudiantes presentan un desfase curricular de dos años o más.
Para abordar esta problemática, el Ayuntamiento, el colegio y la mancomunidad de servicios sociales han establecido una red de recursos, pero Aguirre advirtió sobre su "gran debilidad en cuanto a financiación".
El alcalde destacó que "ante una situación excepcional se deberían dar respuestas excepcionales".
Benito reclamó la estabilidad en los recursos para garantizar la continuidad de los proyectos educativos y pidió más especialistas en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, quienes han visto disminuir su número cada año.
También abogó por la inclusión de personal administrativo, cuya solicitud lleva pendiente desde 2018, y una mayor estabilidad para el profesorado, ya que solo 7 de los 27 docentes cuentan con plaza fija.
En 2021, el Gobierno de Navarra propuso un plan piloto para abordar la realidad migratoria de Fitero, Corella y Cintruénigo, pero Aguirre lamentó que no se haya desarrollado.
Por su parte, Benito subrayó que las necesidades del alumnado no se consideran en los criterios de obtención de recursos, lo que genera una "carga adicional" para el profesorado.
